¿Qué pasa cuando la inversión social deja de ser una política común?
En otros artículos ya hemos explicado qué es la “Europa de las personas” y por qué el Fondo Social Europeo (FSE) es una de las principales herramientas para hacerla posible, para entender que la conversación que tenemos ante nosotras va mucho más allá de una decisión presupuestaria
Si todavía no los has leído, puedes consultar ¿La Europa de las personas? y ¿Qué es el Fondo Social Europeo y por qué es tan importante?.
Y es que la pregunta ya no es únicamente cuánto dinero se destinará a políticas sociales. La cuestión ahora es: ¿qué ocurre cuando la inversión social deja de ser una política común europea y pasa a depender cada vez más de prioridades nacionales?
Mientras la Unión Europea negocia el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2035, los primeros borradores proponen una reestructuración profunda de los fondos, con una mayor concentración de recursos y una gestión más flexible a través de grandes planes nacionales y regionales.
Sobre el papel, el objetivo principal es simplificar procesos y mejorar la eficacia. Pero, en la práctica, ya son varias las entidades sociales especializadas que han expresado una preocupación creciente, esta simplificación puede terminar debilitando uno de los elementos que diferencia al proyecto europeo: su dimensión social.
MANIFIESTO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL
¿Y si lo social deja de tener un espacio propio?
Hasta ahora, el Fondo Social Europeo ha permitido definir reglas compartidas, objetivos comunes, prioridades sociales y obligaciones mínimas de inversión en inclusión social y lucha contra la pobreza como garantía común del trabajo por la igualdad de oportunidades. Un modelo que hacía posible que determinados derechos no dependieran exclusivamente de la situación política o económica de cada país.
Sin embargo, si las políticas sociales pasan a considerarse dentro de instrumentos presupuestarios más amplios y menos específicos (como los Planes de Asociación Nacionales y Regionales), surge un riesgo evidente: que compitan con otras prioridades y se consideren menos relevantes, por lo que serían menos protegidas.
Y es que no es solamente una cuestión administrativa. Cuando desaparecen marcos comunes, también pueden desaparecer garantías comunes.
El problema de siempre: Una Europa a distintas velocidades
Uno de los principios estructurales sobre los que se ha sostenido históricamente Europa ha sido la cohesión económica, social y territorial, que –en la práctica– se traduce en la reducción de desigualdades entre personas y regiones para garantizar así un acceso más equitativo a oportunidades y derechos.
En este sentido, una descentralización de la gobernanza de los fondos sociales podría generar mayores diferencias entre Estados miembro, ya que la definición misma de políticas sociales podría estar condicionada por contextos económicos nacionales, cambios de orientación política o procesos electorales. Todo ello debilitaría profundamente los marcos comunes de protección.
Este riesgo, en medio del contexto actual –donde más de 93 millones de personas en Europa están en riesgo de pobreza o exclusión social–, genera preocupación entre organizaciones sociales y agentes especializados. Porque las situaciones de vulnerabilidad no desaparecen cuando cambian las prioridades políticas, y –tal como recogen numerosos estudios en la materia– la pobreza y las desigualdades persistentes tienen efectos acumulativos sobre el empleo, la salud, la educación o la participación social.
Además, los costes derivados de que estas desigualdades se cronifiquen suelen ser más altos que las inversiones destinadas a prevenirlas.
Una de las herramientas que permite medir el impacto real de los programas sociales es el Valor Social Integrado (VSI), que cuantifica en términos económicos el valor que generan las intervenciones más allá de la inversión inicial. En Acción contra el Hambre utilizamos este modelo para evaluar nuestros programas y los resultados muestran que invertir en prevención tiene un efecto multiplicador: en 2024, por cada euro recibido, nuestras iniciativas generaron 3,77€ de retorno social y económico, 9,3 veces más que en 2016.
¿Qué papel juegan las entidades sociales especializadas?
Otra de las cuestiones que preocupa es el papel de las organizaciones especializadas, ya que la gestión actual del FSE ha permitido que entidades sociales, administraciones públicas, agentes económicos y la propia Comisión Europea trabajen conjuntamente para implementar programas adaptados a las necesidades de las personas.
En España, especialmente, donde la legislación hace posible que sean las entidades sociales quienes gestionen las convocatorias, reducir su papel podría traducirse en una menor capacidad para llegar a quienes más apoyo necesitan. La proximidad es difícil de sustituir.
En el caso de Acción contra el Hambre, el trabajo que desarrollamos junto al FSE ha permitido acompañar en España a más de 50.000 personas a través de programas de empleo, emprendimiento y seguridad alimentaria dirigidos a jóvenes, personas desempleadas de larga duración, mujeres, mayores de 50 años o familias en situación de vulnerabilidad.
Porque las entidades especializadas trabajamos precisamente donde una intervención estándar no resulta suficiente. Porque las garantías de oportunidades y derechos deben formar parte de marcos compartidos. Porque la financiación específica es fundamental. Y porque el momento de defender las políticas sociales en Europa de cara a la próxima década es ahora.
Es nuestro turno de responder a la pregunta: “¿Qué tipo de Europa queremos construir?”.
