¿Qué es el Fondo Social Europeo y por qué es tan importante?

Si la “Europa de las personas” representa el enfoque social del proyecto europeo, el Fondo Social Europeo (FSE) es la principal herramienta para convertir esa idea en políticas concretas que den oportunidades a millones de personas.

Detrás de muchos de los programas de empleo y emprendimiento, formación, inclusión social o apoyo a colectivos vulnerables existe una misma estructura de financiación: el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Un fondo comunitario destinado a mejorar las oportunidades laborales y reducir las desigualdades sociales y territoriales entre países y regiones europeas.

Pero ahora, mientras la Unión Europea negocia su nuevo presupuesto para el periodo 2028-2035, el futuro de este instrumento entra también en debate.
 

¿Qué es exactamente el Fondo Social Europeo?

El Fondo Social Europeo nació oficialmente en 1957, con el Tratado de Roma, y hoy forma parte de los pilares históricos de la política social europea.

Actualmente, su función está recogida en el Artículo 162 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que el FSE tiene como objetivo “mejorar las posibilidades de empleo […] y contribuir a la elevación del nivel de vida”, buscando “fomentar las oportunidades de empleo […], facilitar su adaptación a las transformaciones mediante la formación y la reconversión profesionales”.  

En otras palabras, es la herramienta con la que Europa financia políticas sociales comunes.

A través del FSE+, la Unión Europea impulsa programas relacionados con empleo e inserción laboral, formación y recualificación profesional, emprendimiento, lucha contra la pobreza y la exclusión social, igualdad de oportunidades, apoyo a jóvenes, inclusión de personas migrantes, o mejora de competencias digitales, entre muchas otras iniciativas. 

En el periodo 2021-2027, el FSE+ contó con una dotación de 142.700 millones de euros y absorbió cuatro instrumentos sociales europeos anteriores: el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).

Además, la normativa europea vigente obliga a que al menos el 25% de estos recursos se destinen específicamente a inclusión social y lucha contra la pobreza.
 

Una gestión compartida entre Europa y los territorios

Uno de los elementos que más caracteriza al Fondo Social Europeo es su modelo de gestión compartida. La Comisión Europea define los marcos comunes sobre factores que generan desigualdad estructural, como la pobreza, el desempleo, la exclusión, la brecha digital o la falta de acceso a oportunidades, y los Estados miembro desarrollan programas adaptados a cada territorio. En el caso de España, en ese proceso participan también entidades sociales especializadas, administraciones públicas, organizaciones empresariales y agentes sociales.

Este modelo permite mantener una estrategia común europea mientras las intervenciones se adaptan a realidades sociales muy diferentes entre sí. Y esto es, precisamente, lo que hace que el papel de las entidades sociales sea clave.

Organizaciones como Acción contra el Hambre desarrollan proyectos financiados por el FSE+ orientados a mejorar la empleabilidad y reducir situaciones de vulnerabilidad social desde una intervención cercana, especializada y adaptada a la situación de cada persona. Solo en España, la entidad ha acompañado a más de 50.000 personas desde 2013 a través de programas de empleo, emprendimiento y seguridad alimentaria dirigidos a jóvenes, mujeres, personas desempleadas de larga duración, migrantes, mayores de 50 años y familias en situación de vulnerabilidad.

Y, aunque el Fondo Social Europeo suele asociarse únicamente al empleo, su impacto va mucho más allá. Y es que la Unión Europea defiende que invertir en inclusión social y acceso al empleo resulta mucho más eficaz —también económicamente— que asumir los costes derivados de la pobreza crónica, la exclusión o la precariedad estructural a posteriori. 
 

¿Qué está cambiando ahora?

El debate surge tras la propuesta inicial del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2035, que plantea una reorganización de los fondos europeos, integrando el actual FSE+ dentro de los llamados Planes de Asociación Nacionales y Regionales (PANR), grandes instrumentos presupuestarios donde confluirían distintas políticas financiadas por la UE bajo un marco más flexible, menos específico y gestionados enteramente por los gobiernos de los Estados miembro.

Además, la propuesta contempla una reducción presupuestaria para el FSE+, que pasaría de 142.700 millones de euros en el periodo actual a 121.000 millones en el próximo ciclo presupuestario.

Aunque las instituciones europeas defienden esta reforma como una forma de simplificar procedimientos y ganar eficacia, son muchas las entidades sociales y organizaciones especializadas –como Acción contra el Hambre– que señalan con preocupación sus posibles efectos:

• la pérdida de independencia de las políticas sociales europeas, 
• menor protección presupuestaria para inclusión social y lucha contra la pobreza, 
• riesgo de que las prioridades sociales queden subordinadas a intereses nacionales
• y el debilitamiento del modelo de gestión compartida y del papel de las entidades sociales especializadas en la implementación de los programas.

Ahora, las negociaciones sobre este nuevo presupuesto continuarán hasta finales de 2026 para definir el lugar que ocuparán la inclusión social, la cohesión y la igualdad de oportunidades en el futuro proyecto europeo.